El Tribunal de Apelación en materia de Competencia de Londres desestimó por completo una demanda colectiva contra Sony por el funcionamiento de la PlayStation Store. El proceso, valorado en aproximadamente 3,600 millones de euros, acusaba a la compañía de impedir otras formas de comprar videojuegos digitales desde PS4 y PS5.
Vandal informó, a partir del auto compartido por The Game Business, que el tribunal concluyó que los demandantes no demostraron que Sony hubiera infringido la legislación antimonopolio. La demanda fue presentada por Alex Neill en representación de clientes británicos que compraron contenido digital en la tienda entre agosto de 2016 y febrero de 2026.
Los precios de la tienda son “excesivos e injustos”, sostuvo Alex Neill durante el proceso.
La acusación también señalaba que Sony impone a los desarrolladores una comisión del 30 % por cada compra, además de otras condiciones comerciales. Según la demanda, esas tasas no guardaban proporción con los costos de operación de la tienda y permitían a la compañía obtener márgenes de beneficio excesivos.
Qué consideró el tribunal
El tribunal rechazó que los propietarios de una consola PlayStation estén atrapados en un único mercado. El auto indica que Sony compite con otras plataformas y consolas, además de los videojuegos físicos que pueden adquirirse fuera de la PlayStation Store.
- Demanda: acusaba a Sony de prácticas monopolísticas y precios excesivos.
- Resolución: el caso fue desestimado en su totalidad.
- Consecuencia: Sony no tendrá que indemnizar a los jugadores ni abrir PS4 o PS5 a tiendas digitales de terceros por esta decisión.
El órgano judicial también señaló que no se presentó evidencia de que permitir tiendas digitales alternativas en las consolas hubiera reducido los precios. Añadió que implementar ese acceso sería una medida costosa y compleja, con posibles efectos sobre la seguridad de la plataforma, y que las leyes no obligan a Sony a adoptarla.
La resolución sostiene además que los fabricantes de consolas pueden vender sus equipos a un precio menor para recuperar costos mediante la venta de videojuegos. En este caso, el tribunal determinó que la parte demandante no probó que los márgenes de Sony fueran excesivos ni que la empresa hubiera incumplido las normas de competencia.